La ordenanza “antipintadas” tiene una aplicación “ad hoc”

Cambio y Debate/ Desde hace al menos tres años, una de las prioridades “cívicas” del Ayuntamiento de Guadalajara ha sido combatir el vandalismo y la suciedad de las calles y paredes de la capital. Con ello se elaboró un plan para combatir pintadas y propaganda que tiene efectos muy diversos en función del autor de las mismas. Sin ir más lejos, pintadas del tipo “moros fuera” o “josué libertad”(en referencia al asesino del joven antifascista Carlos Javier Palomino) duermen el sueño de los justos. Pero aquella propaganda relacionada con movimientos sociales o del antifascismo, tiene escasas horas de vida.

La llamada “Ordenanza Municipal de Limpieza” aprobada durante la etapa de gobierno municipal en Guadalajara de PSOE-IU, facultó al Ayuntamiento y a la Policía Municipal a restringir y controlar la actividad política en la vía pública. Se aplicaron normas de dudosa constitucionalidad acerca del reparto de propaganda política y se limitó su difusión en carteles o afiches a una serie de paneles publicitarios claramente insuficientes que instaló una empresa concesionaria.

Pero la vara de medir es distinta en función de quien sea el “infractor”. Han sido varios los casos de multas y amenazas de sanciones por parte de la institución municipal hacia organizaciones sindicales y políticas, con los motivos más variopintos: “no colocar publicidad en lugares habilitados”, “ensuciar la vía pública” o incluso “distribuir propaganda sin autorización”. En febrero de 2005, cuando la ciudad estaba conmocionada por el primer atentado neonazi de gravedad que casi le cuesta la vida a un joven de la capital, el Ayuntamiento amenazó a la antigua organización local del PCE de sanciones por las pintadas que aquellos días registraron en forma de repulsa a este atentado. También miembros de la CNT y de la Izquierda Castellana han recibido sanciones por casos de pegadas de carteles y distribución de panfletos.

En otros casos, las sanciones han llegado directamente a las organizaciones en cuestión. Pero lo inquietante es que organizaciones de las diversas siglas de la extrema derecha, tanto en pleno período electoral como en otras épocas han instalado afiches y carteles en cristaleras de locales privados, incluso en sede de oficinas bancarias, sin que la autoridad competente haya aplicado las mismas sanciones. Es más, ha sido una práctica reiterada.

Otro caso es el de las pintadas. Pintadas racistas y xenófobas que de vez en cuando se suelen ver en alguna zona céntrica de la capital puede pasar bastante tiempo sin que la borren. Hablamos de meses. Sin embargo, cuando se registran pintadas de carácter político, sindical o antifascista la orden de borrado es inmediata. En pocas horas, empleados municipales ya las han borrado.